 En la Legislatura porteña se presentó un proyecto de asistencia integral a víctimas de trata de personas en la Ciudad. El mismo fue realizado por el legislador, Pablo Ferreyra, y dispone la creación de un organismo de asistencia, un cupo mínimo de empleo en el ámbito público y ayuda económica.
El diputado porteño de Seamos Libres, Pablo Ferreyra, presentó este miércoles un proyecto de ley de apoyo, protección y reparación de los derechos de las personas víctimas de trata y explotación en la ciudad de Buenos Aires.
La iniciativa dispone la creación de un organismo de asistencia a víctimas, establece un cupo mínimo de empleo en el ámbito público porteño, una asistencia económica mensual y descuentos impositivos a empleadores privados que contraten a personas rescatadas de esos delitos.
Ferreyra destacó: "Las personas rescatadas de redes de trata y explotación suelen ser parte de una población social y económicamente vulnerable y cargan con los daños físicos y psicológicos producidos por la reducción a la esclavitud a la que han sido sometidas. Esto dificulta su inserción en la sociedad y, sobre todo, en el mundo laboral. Por eso, es fundamental la intervención del Estado para garantizar su acceso a derechos".
Y agregó: "No existen mecanismos efectivos impulsados por el Poder Ejecutivo porteño para la incorporación de las víctimas al mundo laboral. Ese es el espíritu del proyecto: desarrollar e implementar mecanismos que atiendan de manera integral a esta grave vulneración de derechos y faciliten la reincorporación de las víctimas a la sociedad".
El proyecto cuenta con el apoyo de los legisladores Jorge Taiana (FPV), María Rachid (FPV), Gabriel Fuks (FPV), Jorge "Quito" Aragón (FPV), Paula Oliveto Lagos (CC-UNEN) y Maximiliano Ferraro (CC-UNEN) y dispone la creación de la Dirección de Asistencia a las Personas Víctimas del Delito de Trata y Explotación en la órbita del Ministerio de Desarrollo Económico porteño.
El organismo deberá trabajar en coordinación con otras agencias estatales de la Ciudad y de la Nación dedicadas al tema y brindará una asistencia económica mensual equivalente a un salario de la administración pública porteña de 7.555 pesos mientras la persona se encuentre desocupada o durante un período máximo de 18 meses.
Además, el Estado porteño deberá emplear a personas rescatadas de redes de trata y explotación en una proporción no inferior al tres por ciento de la totalidad de su personal. En paralelo, se pondrá en funcionamiento una bolsa de trabajo para que el sector privado contrate a víctimas de estos delitos. A estos empleadores se les deducirá del Impuesto a los Ingresos Brutos el importe equivalente al total de las contribuciones y aportes patronales de las personas que contrate.
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