22/10/2014 Télam - Cable de Noticias
Legisladores porteños y representantes de organizaciones
políticas y sociales coincidieron hoy en la necesidad de crear un ministerio de
Vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, a través del cual se implementen medidas
como crear un impuesto a las propiedades ociosas y un fondo de garantías
sociales para alquileres y establecer un porcentaje máximo para la renta sobre
el valor del inmueble alquilado.
El tema fue tratado hoy en la jornada "Hacia un
ministerio de vivienda en la Ciudad", una propuesta que impulsa el
legislador del Frente para la Victoria, Jorge Taiana.
"La gravedad del problema habitacional que atraviesa la
Ciudad de Buenos Aires sólo puede ser atacada seriamente con una firme decisión
política que destine recursos suficientes y establezca un marco institucional,
con la creación de un Ministerio de Vivienda, que centralice, organice y
encause acciones efectivas y concretas: hoy estas políticas están desperdigadas
en diversos entes desprestigiados, con bajo presupuesto y subejecución de
partidas", dijo a Télam Taiana.
En ese sentido, el legislador recordó que si bien la ciudad
tiene menos habitantes que en los años '50, la población viviendo en villas se
ha duplicado en los últimos 15 años y unas 340.000 viviendas permanecen
deshabitadas.
El panel de apertura estuvo a cargo de los legisladores
María Rachid (FPV) y Pablo Ferreyra (Seamos Libres); y los referentes de
organizaciones sociales y políticas Jorge Abasto (Coordinadora de Inquilinos),
Gervasio Muñoz (Movimiento Evita), Lito Borello (Los Pibes) y Agustín
Territoriale (Observatorio Popular de Hábitat).
Para Ferreyra, el hecho de que una de cada tres personas
alquile y que el metro cuadrado haya aumentado un 105 por ciento en pesos en
seis años revela "la mano del mercado regulando estas relaciones
desparejas" entre propietarios e inquilinos.
Ferreyra presentó dos proyectos, uno que promueve la
creación de un fondo de garantía social y un registro público de contratos de
alquiler de vivienda familiar; y otro que fija un impuesto para las propiedades
ociosas.
"El principal problema es la dificultad para el acceso
a una garantía propietaria de Capital Federal y por eso proponemos crear un
fondo con formato de fideicomiso, que funcione dentro del marco del Ejecutivo
pero que también tenga inversores privados para que les permita entrar a los
trabajadores no regulados, monotributistas o que tengan ingresos bajos",
explicó.
En lo que se refiere al impuesto contra la vivienda ociosa,
apunta a "bajar el precio reinsertando inmuebles en el mercado" y
para que esto ocurra, el proyecto propone incentivos para los propietarios como
exención de ABL y créditos blandos para refacciones.
Para Ferreyra, la actual desregulación del mercado
inmobiliario es responsable de que los alquileres hayan subido hasta alcanzar
más del 40 por ciento del sueldo promedio, del desplazamiento de sectores
medios hacia hoteles y villas y de que se construyan más viviendas en zonas
donde no se necesitan.
Jorge Abasto, titular de la Coordinadora de Inquilinos,
recordó que el 30 por ciento de los que viven en villas alquilan informalmente,
lo que implica que "estén desprotegidos, no se les reconozca ningún
derecho y en cualquier momento les puedan aumentar o echar" y como
contracara, mencionó que el 70 por ciento de los inmuebles de Puerto Madero,
donde el metro cuadrado supera los 7.000 pesos, están vacíos.
Por su parte, Gervasio Muñoz aseguró que, una vez que la
persona alquila a través de una inmobiliaria queda "condenada a una rueda
de la que es imposible salir", porque no puede ahorrar y cada dos años se
ve obligado a tomar un crédito o pedir plata prestada para pagar dos meses de
comisión al intermediario, más uno o dos de depósito.
"Los inquilinos todavía no están enterados de que lo
que les sucede es injusto e ilegal: recién ahora hay un movimiento nacional de
inquilinos que se organizan, crean asesorías y pelean desde afuera", dijo.
La legisladora María Rachid presentó su proyecto de
"ley de locaciones urbanas con destino a vivienda", una propuesta que
radica en una mayor intervención del Estado para garantizar la función social
de la propiedad y para "garantizar el derecho humano a la vivienda para
todos y todas", dijo.
