En los últimos años hemos avanzado mucho en cuanto a la mayor visibilidad
de la primera infancia en las agendas de las políticas públicas y el
reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos.
Esto no hubiera sido posible sin un cambio de paradigma en la niñez, en donde,
además, se pasó de un Estado que discriminaba y excluía al sector más
desprotegido de la infancia (los/as niños/as pobres) a un estado que
reconoce a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos.
La Ciudad de Buenos Aires fue pionera en
Argentina en adecuar su legislación a la Convención Internacional de Derechos
del Niño, con la Ley Nº 114 sancionada en el año 1998. A nivel Nacional,
tuvimos que esperar hasta el año 2005, durante el Gobierno del ex Presidente
Néstor Kirchner, para que se apruebe la ley de protección integral y se derogue
la anterior ley del patronato.
Aún así, tenemos grandes deudas pendientes en
la Ciudad de Buenos Aires. En base a datos del Ministerio de Educación dela
Ciudad, es de destacar que casi el 51% (50,87%) del total de la matrícula del
Sistema Educativo de la Ciudad (en los tres niveles: inicial, primario y medio)
está en el sector estatal; por lo que es casi pareja la relación con la
matrícula en el sector privado, de 49,13%. Una brecha de apenas algo más de
unpunto y medio porcentual. Pero justamente en el nivel inicial dicha relación
es inversa y la brecha mucho mayor. De la totalidad de la matrícula de nivel
inicial en la Ciudad, el 43,84% está en el sector estatal, frente al 56,16%
dela matrícula en el sector privado, una diferencia de 12 puntos porcentuales
que implica casi 22% más de niños y niñas matriculados en el sector privado que
en el público. Esto quiere decir que a pesar de todas las consideraciones y
diagnósticos sobre las prioridades que este segmento etario de nuestra infancia
debiera tener de parte del mundo adulto y de las políticas públicas; la primera
infancia, y en particular la educación infantil, es quizás la más postergada de
todo el sistema educativo público en nuestro distrito.
La otra muestra de desigualdad e inequidad
que debe ser tomada en cuenta en la Ciudad son la del tipo de jornadas (jornada
simple o jornada completa) que tienen las escuelas del sistema educativo
público porteño, según su ubicación geográfica. Los sectores más vulnerados
(localizados en zona sur), no sólo tienen el mayor faltante de vacantes, sino
que el grueso de las existentes son de jornada simple, o sea que disponen de
una “escasa oferta” y de “escasas horas/clases” en las que el estado porteño se
ocupa de la educación de sus hijas/os. Cuando en las zonas más favorecidas
(zona centro y norte) de la Ciudad, predominan las escuelas de nivel inicial
con jornada completa. Todo ello redunda en la obligación de muchas familias con
escasos recursos de acudir a alguna de las diferentes variantes de las ofertas
en la educación privada.
Podemos hacer comparaciones con otros
distritos y probablemente la Ciudad esté en mejores condiciones, pero también
es cierto que cuenta con el más alto de los presupuestos del país. Y ese
presupuesto debiera priorizar con mayores esfuerzos la educación inicial en
nuestra Ciudad.
Por otro lado, a nivel nacional, es indudable
que nos ha tocado, como generación, ser testigos/as de muchos cambios de
paradigma en el reconocimiento de derechos de grupos históricamente vulnerados.
Y siempre se repite la misma secuencia: un grupo invisibilizado, luego es
reconocido en ciertos aspectos pero sin contar con los mismos derechos, hasta
que producto de la lucha de las organizaciones sociales y políticas se produce
una “conquista” de derechos hasta llegar a la igualdad, al menos jurídica,
herramienta indispensable para seguir trabajando por todo lo que falta. Sólo
para nombrar algunos de estos avances podemos mencionar la nueva ley de
migraciones, la ley contra la violencia hacia las mujeres, la ley de trata y
femicidio, la nueva ley de salud mental, la ley de obesidad, la de obras
sociales y prepagas, la ley de matrimonio igualitario, la de identidad de
género, entre muchas otras. Y por supuesto, en materia de reconocimiento y
fortalecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes, la ley de
protección integral; y teniendo en cuenta que la primera infancia es una etapa
central, creo que la Asignación Universal por Hijo es una de las medidas más
importantes de la última década en este sentido.
Todo esto no puede lograrse sin un Gobierno
que crea en un Estado presente, con el que articular estas demandas y
convertirlas en políticas públicas. Soy parte de uno de estos grupos, el de la
diversidad, y me consta lo importante que es que sea el mismo Estado el que
repare años de injusticia y desigualad.
La infancia ha recorrido este mismo camino.
Una vez lograda su visibilización con respecto a los adultos (como sabemos,
antiguamente la infancia ni siquiera se distinguía de la adultez) comenzó el
proceso de reconocimiento de derechos e igualdad. Proceso que aún continua
y este encuentro nos convoca a pensar en él.
Todavía falta mucho por hacer en materia
legislativa y de política pública. En la Ciudad, hemos presentado varios
proyectos en ese sentido. Entre ellos, la confidencialidad en el pago de las
cuotas escolares, la ley de acoso escolar y discriminación en la escuela, entre
varias otras.
Por otro lado, nuevas situaciones siempre nos
plantean nuevos desafíos. Al tratarse de un cambio de paradigma, los avances en
materia legislativa, que fueron y siguen siendo muy importantes, no son
suficientes, siendo necesarias acciones que apunten a que las herramientas
legislativas se vayan materializando en las prácticas concretas en la sociedad.
Es por eso que resulta imprescindible no sólo la difusión de la convención y
las leyes, sino la concientización y reflexión sobre los derechos, no sólo
entre los chicos/as sino fundamentalmente en el caso de la primera infancia
entre los adultos también.
Siendo una militante en derechos humanos y
especialmente en diversidad, no puedo dejar de mencionar que entre las nuevas
situaciones y cambios de paradigmas, también están aquellos que reconocen
realidades que existían hace muchos años pero que hoy el Estado reconoce y
protege en nuestro país. Y parte de esa protección debe estar presente en la
educación inicial.
La igualdad de oportunidades entre varones y
mujeres, el respeto por la identidad de género/sexo y su expresión, que incluye
la no imputación de roles obligatorios en los niños y niñas producto de los
cuerpos con los que hayan nacido, y la celebración de la diversidad familiar,
son valores que deben estar presentes desde la educación inicial porque además
son temas desde siempre
muy presentes en la educación inicial. Quizás presentes todavía desde una
concepción discriminatoria y muchas veces violenta hacia niños y niñas pero que
la nueva legislación argentina –y el respeto por la igualdad y la diversidad-
nos demanda revisar y modificar en muchos aspectos.
La defensa de los derechos desde la primera
infancia es responsabilidad de todos y todas pero es el Estado el mayor
responsable de brindar herramientas para su exigibilidad. Falta mucho por
hacer, y creo que la igualdad en la accesibilidad de derechos es la clave fundamental para
avanzar en la consolidación de este cambio de paradigma.
Tenemos que seguir trabajando para que todos
los/as niños/as accedan a sus derechos, especialmente aquellos niños y niñas de
los sectores más vulnerados de la sociedad, aquellos/as que tienen necesidades
educativas especiales, los/as niños/as migrantes, aquellos/as que aún hoy no
acceden a la educación inicial, los/as que son de familias diversas, los/as
niños/as con discapacidad… todos/as los/as niños y niñas de nuestra Patria
Grande y del mundo.
Como legisladora, como militante de derechos
humanos y también como madre en algún momento pero ya tía y madrina de algunos
niños y niñas, es mi deber, y nuestro deber, contribuir a la construcción de un
mundo más justo e igualitario para todos y todas. Para eso, necesitamos
garantizar espacios educativos donde los/as niños y niñas aprendan a pensar y
sentir el mundo desde la igualdad y la justicia.
Sin lugar a dudas, esta Jornada va en este
sentido. Desde ya mi compromiso para seguir avanzando y para profundizar e
impulsar políticas públicas que garanticen y amplíen los derechos de niños y
niñas en la Ciudad de Buenos Aires.