Por el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo:
En el
marco del Día Latinoamericano por el Derecho al Aborto, la legisladora María
Rachid, junto a los diputadxs Pablo Ferreyra (Seamos Libres), Susana Rinaldi
(Frente Progresista Popular), Alejandro
Bodart (Movimiento
Socialista de los Trabajadores), Hernán Rossi (SUMA +), Marcelo
Ramal (FIT), Pablo Bergel (Bien Común), y Virginia González Gass (PSA), presentaron
un proyecto de declaración en cuyo texto se manifiesta que la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires vería con agrado que el Congreso de la Nación de
tratamiento en Comisiones a los proyectos de ley con estado parlamentario
referidos a la legalización del Aborto y se sancione la ley correspondiente,
garantizando el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.
La iniciativa reconoce que el derecho de las mujeres a
decidir sobre su propio cuerpo en el marco de su privacidad, es uno de los
derechos sexuales y reproductivos reconocidos por numerosos instrumentos
internacionales de derechos humanos. Además, el artículo 37 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los reconoce expresamente “como derechos
humanos básicos” y establece que su ejercicio debe ser “libre de coerción y
violencia”.
En esa línea en el artículo 20 se garantiza el derecho
a la salud integral, la cual se encuentra profundamente afectada en los casos
de abortos clandestinos, muchos de ellos practicados en condiciones de riesgo,
los cuales provocan todo tipo de complicaciones postaborto –tanto físicas como
psíquicas– y hasta la muerte.
Para
María Rachid, "con este proyecto
proponemos que de una vez por todas se legalice el aborto para que no haya
tantas muertes de mujeres por abortos clandestinos. Además, la iniciativa es consecuente con el compromiso que mantenemos con
el cumplimiento real del derecho al Aborto No
Punible ya que, a pesar de estar contemplado en la
legislación, no sólo no se realiza adecuadamente en la práctica médica
cotidiana, sino que en la mayoría de los casos los médicos solicitan
autorización al Poder Judicial para impedir el ejercicio de este derecho".
"Este
número - completó María- revela que aún
con el alto grado de subregistro que caracteriza a esta problemática y a pesar de haber descendido en estos últimos años,
el aborto sigue siendo el principal motivo de mortalidad en las mujeres
embarazadas".
Finalmente, en relación con la opinión de la
población, una encuesta realizada recientemente revela que casi seis de cada
diez personas creen que la decisión de interrumpir voluntariamente un embarazo
en el primer trimestre de gestación es un derecho de la mujer y el 56% de la
población considera que el Estado debe garantizar los abortos en los servicios
de salud.