Son las que estaban dispuestas a presentar recursos de amparo. La sanción de la ley que permite el casamiento entre personas del mismo sexo generó euforia y expectativa, y adelanta el debate para despenalizar el aborto.
Por:
Natalia Páez y Lucía Álvarez
Natalia Páez y Lucía Álvarez
Se casarán en noviembre, harán una gran fiesta. Cuando Sandra Ruiz llegó ayer a las 9 a su trabajo la recibieron con aplausos. Ella, en pareja hace ocho años con Mónica, tiene dos hijos de 5 y 9 meses, nacidos por fertilización asistida. Uno lo parió ella, otro su pareja. Luego de que se ponga en vigencia el cambio en el Código Civil aprobado ayer en el Senado, que otorga beneficios previsionales, licencias especiales y extraordinarias, asignaciones familiares, obras sociales, y sobre todo, el derecho a la adopción conjunta a las parejas del mismo sexo, comenzarán a tramitar los papeles para coadoptar a sus hijos. "Gracias a los senadores por proteger a nuestros nenes, estamos felices", dijo Ruiz a Tiempo Argentino.
No sólo ellas van a ir al Registro Civil. Según los números de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (LGBT), en los meses siguientes contraerán matrimonio más de 200 parejas que ya tenían listo el amparo para presentar ante la justicia y que no temían a la exposición pública o la judicialización de su vínculo. Las organizaciones estiman un primer aluvión de personas que, como Sandra y Mónica, quieren institucionalizar su situación familiar y luego las asistencia al registro de parejas que decidan unirse en la marcha.
Un cálculo posible para el primer tiempo surge de la comparación con la experiencia de otros países. En España, con un año de vigencia de la ley, se casaron 4500 parejas. 20 mil desde 2005. El ejemplo del país ibérico muestra además otra tendencia: una enorme disparidad regional y una gran concentración de bodas en Madrid, la capital del país. También en Argentina se espera que los primeros matrimonios se concentren en Buenos Aires y los principales centros urbanos y a medida que la ley tenga efectos sociales y culturales, se animen las parejas de las provincias más conservadoras.
El antecedente del otro lado del océano muestra además que aunque la ley empuja los cambios, existen cuestiones sobre las que todavía falta dar batalla. Pedro Zerolo, dirigente del Partido Socialista Obrero Español y asesor del presidente Rodríguez Zapatero, presente en los festejos argentinos, contó a este diario sobre su experiencia como concejal: "De las 200 o 300 parejas que me tocó casar en cinco años, al menos una de cada tres, asistió al Registro Civil sin la compañía de sus familiares cercanos".
"Hoy somos ley, y eso es una vuelta de hoja. Esta ley viene a curar una situación de tremenda injusticia y a poner fin a la estigmatización de nuestra comunidad. Pero todavía tenemos que trabajar en la fraternidad y en la idea de que la diversidad aporta a la construcción de nuestra identidad. Ahora el gobierno tiene una oportunidad de oro para seguir avanzando con política pública", estimó Martín Canevaro, de la organización 100% Diversidad y Derechos.
En lo que significa una vidriera al mundo en legislación de vanguardia, Argentina se colocó ayer como primer país de Latinoamérica y décimo del mundo en sancionar una ley de matrimonio inclusiva. El festejo se produjo en distintos puntos del país, no sólo impulsado por la comunidad homosexual militante, sino por distintos sectores sociales que estaban de acuerdo con la ley de matrimonio igualitario votada ayer en la madrugada. Un gran arco social que incluyó a asociaciones por los derechos civiles, sindicatos, centros de estudiantes, y gente que se expresó masivamente a través de las redes sociales.
Pero tras el reconocimiento jurídico, las organizaciones esperan la formulación de una agenda para terminar con la intolerancia. Esta agenda incluye nuevos contenidos en la currícula de las escuelas, capacitación de agentes de la salud pública y políticas sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de la comunidad LGBT.
"Esta ley es una herramienta para trabajar la igualdad social, la no discriminación, y eso es un paso hacia el trabajo. Es una puerta que se abre hacia el reconocimiento de derechos que quizás pensábamos difíciles de aprobar. Creíamos que nuestro enemigo era más fuerte", explicó María Rachid, presidenta de la federación.
Una de las demandas históricas que ayer hicieron sorpresivamente eco de la votación en el Senado fue el proyecto de ley para permitir la interrupción voluntaria del embarazo. La relación entre ambos temas no sólo se extendió entre las organizaciones sociales que apoyaron al matrimonio igualitario, los medios de comunicación, sino también de algunos legisladores nacionales. Ayer el diputado nacional Gerardo Milman, del GEN, afirmó: "la sociedad argentina está lista para debatir y sancionar a través de sus legisladores un proyecto de ley consensuado para despenalizar el aborto". Según Rachid, que también destacó la oportunidad para tratar el tema, la aparición de ese proyecto se explica porque "se trata del mismo obstáculo, de un sector que cree que es el dueño de la verdad, de la naturaleza y que puede imponer su visión al conjunto. Pero ayer se demostró que somos más los que pensamos que el Estado debe ser laico."
Ayer, mientras las organizaciones evaluaban cómo avanzar, otros sectores buscaban estrategias para retroceder.La oposición religiosa intentaba darle continuidad a la fuerte campaña contra el proyecto y no descartaba un pedido de inconstitucionalidad.
"Estamos muy sorprendidos porque en condiciones normales y sin las llamativas ausencias de varios legisladores, no se habría aprobado. Esta es una ley con serias deficiencias inconstitucionales y jurídicas, la verdad que no sé qué va a decir la justicia si no se soluciona ninguno de los inconvenientes que se nombraron en todas las audiencias provinciales", amenazó Nicolás Laferriere, abogado y miembro de la Comisión Episcopal de Seguimiento Legislativo, presidida por monseñor Antonio Marino, obispo auxiliar de La Plata.
Eduardo Sambrizzi, vicepresidente de la Corporación de Abogados Católicos, aseguró a este diario: "Hubiera sido bueno que el Senado optara por la familia y la perpetuación de la especie. Los homosexuales tienen unos cuantos derechos y está bien que les den otros, pero la igualdad no es lo mismo que el igualitarismo. Todavía no pensamos en el pedido de anticonstitucionalidad, pero lo evaluaremos en la reunión de Comisión Directiva". Ayer también, el obispo de San Juan, monseñor Alfonso Delgado, acusó a los legisladores de haber firmado "una ley en contra de los derechos de la mayoría del pueblo argentino".
No sólo ellas van a ir al Registro Civil. Según los números de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (LGBT), en los meses siguientes contraerán matrimonio más de 200 parejas que ya tenían listo el amparo para presentar ante la justicia y que no temían a la exposición pública o la judicialización de su vínculo. Las organizaciones estiman un primer aluvión de personas que, como Sandra y Mónica, quieren institucionalizar su situación familiar y luego las asistencia al registro de parejas que decidan unirse en la marcha.
Un cálculo posible para el primer tiempo surge de la comparación con la experiencia de otros países. En España, con un año de vigencia de la ley, se casaron 4500 parejas. 20 mil desde 2005. El ejemplo del país ibérico muestra además otra tendencia: una enorme disparidad regional y una gran concentración de bodas en Madrid, la capital del país. También en Argentina se espera que los primeros matrimonios se concentren en Buenos Aires y los principales centros urbanos y a medida que la ley tenga efectos sociales y culturales, se animen las parejas de las provincias más conservadoras.
El antecedente del otro lado del océano muestra además que aunque la ley empuja los cambios, existen cuestiones sobre las que todavía falta dar batalla. Pedro Zerolo, dirigente del Partido Socialista Obrero Español y asesor del presidente Rodríguez Zapatero, presente en los festejos argentinos, contó a este diario sobre su experiencia como concejal: "De las 200 o 300 parejas que me tocó casar en cinco años, al menos una de cada tres, asistió al Registro Civil sin la compañía de sus familiares cercanos".
"Hoy somos ley, y eso es una vuelta de hoja. Esta ley viene a curar una situación de tremenda injusticia y a poner fin a la estigmatización de nuestra comunidad. Pero todavía tenemos que trabajar en la fraternidad y en la idea de que la diversidad aporta a la construcción de nuestra identidad. Ahora el gobierno tiene una oportunidad de oro para seguir avanzando con política pública", estimó Martín Canevaro, de la organización 100% Diversidad y Derechos.
En lo que significa una vidriera al mundo en legislación de vanguardia, Argentina se colocó ayer como primer país de Latinoamérica y décimo del mundo en sancionar una ley de matrimonio inclusiva. El festejo se produjo en distintos puntos del país, no sólo impulsado por la comunidad homosexual militante, sino por distintos sectores sociales que estaban de acuerdo con la ley de matrimonio igualitario votada ayer en la madrugada. Un gran arco social que incluyó a asociaciones por los derechos civiles, sindicatos, centros de estudiantes, y gente que se expresó masivamente a través de las redes sociales.
Pero tras el reconocimiento jurídico, las organizaciones esperan la formulación de una agenda para terminar con la intolerancia. Esta agenda incluye nuevos contenidos en la currícula de las escuelas, capacitación de agentes de la salud pública y políticas sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de la comunidad LGBT.
"Esta ley es una herramienta para trabajar la igualdad social, la no discriminación, y eso es un paso hacia el trabajo. Es una puerta que se abre hacia el reconocimiento de derechos que quizás pensábamos difíciles de aprobar. Creíamos que nuestro enemigo era más fuerte", explicó María Rachid, presidenta de la federación.
Una de las demandas históricas que ayer hicieron sorpresivamente eco de la votación en el Senado fue el proyecto de ley para permitir la interrupción voluntaria del embarazo. La relación entre ambos temas no sólo se extendió entre las organizaciones sociales que apoyaron al matrimonio igualitario, los medios de comunicación, sino también de algunos legisladores nacionales. Ayer el diputado nacional Gerardo Milman, del GEN, afirmó: "la sociedad argentina está lista para debatir y sancionar a través de sus legisladores un proyecto de ley consensuado para despenalizar el aborto". Según Rachid, que también destacó la oportunidad para tratar el tema, la aparición de ese proyecto se explica porque "se trata del mismo obstáculo, de un sector que cree que es el dueño de la verdad, de la naturaleza y que puede imponer su visión al conjunto. Pero ayer se demostró que somos más los que pensamos que el Estado debe ser laico."
Ayer, mientras las organizaciones evaluaban cómo avanzar, otros sectores buscaban estrategias para retroceder.La oposición religiosa intentaba darle continuidad a la fuerte campaña contra el proyecto y no descartaba un pedido de inconstitucionalidad.
"Estamos muy sorprendidos porque en condiciones normales y sin las llamativas ausencias de varios legisladores, no se habría aprobado. Esta es una ley con serias deficiencias inconstitucionales y jurídicas, la verdad que no sé qué va a decir la justicia si no se soluciona ninguno de los inconvenientes que se nombraron en todas las audiencias provinciales", amenazó Nicolás Laferriere, abogado y miembro de la Comisión Episcopal de Seguimiento Legislativo, presidida por monseñor Antonio Marino, obispo auxiliar de La Plata.
Eduardo Sambrizzi, vicepresidente de la Corporación de Abogados Católicos, aseguró a este diario: "Hubiera sido bueno que el Senado optara por la familia y la perpetuación de la especie. Los homosexuales tienen unos cuantos derechos y está bien que les den otros, pero la igualdad no es lo mismo que el igualitarismo. Todavía no pensamos en el pedido de anticonstitucionalidad, pero lo evaluaremos en la reunión de Comisión Directiva". Ayer también, el obispo de San Juan, monseñor Alfonso Delgado, acusó a los legisladores de haber firmado "una ley en contra de los derechos de la mayoría del pueblo argentino".