La comunicación: un derecho humano que el Estado debe garantizar.
Hace algunos meses, participé de la audiencia pública por la Ley de Medios. En aquella oportunidad, dijimos algo muy parecido a lo que vengo a compartir ahora. La comunicación es un derecho humano que el Estado debe tutelar y garantizar para todos los ciudadanos y ciudadanas.
Nos tomamos el trabajo de leer cuidadosamente el proyecto de ley y gran parte del extenso informe de Papel Prensa. Y, tengo que decir, que me recorre un frío sudor por la espalda de sólo pensar que un solo representante del pueblo elegido democráticamente pueda –habiendo leído ese informe o sólo la prueba documental de sus anexos- defender el terrorismo de estado ejercido en una de sus variantes.
Y aunque este proyecto está íntimamente relacionado a este tema, no voy a hablar de la venta de Papel Prensa –que en nuestra opinión no sólo fue evidentemente fraudulenta sino criminal- ya que es un tema que esperamos muy pronto resuelva la justicia.
Me interesa en cambio, traer la voz propia y colectiva, de algunas organizaciones y federaciones que trabajan por la igualdad en nuestro país, producto de la vulneración de sus derechos como consecuencia –entre otras cosas- de la discriminación.
La Mesa Nacional por la Igualdad está integrada por referentes de federaciones y organizaciones de personas migrantes, refugiados, personas con discapacidad, personas viviendo con vih/sida, lesbianas, gays, bisexuales y trans, jóvenes, adultos mayores, mujeres, afrodescendientes y otros grupos vulnerados por la discriminación y trabajando por su igualdad.
En este sentido, me gustaría compartir algunos extractos del Plan Nacional contra la Discriminación impulsado por decreto del ex Presidente Néstor Kirchner en el año 2005, en cuya elaboración participaron cientos de organizaciones en todo el país, incluidas las organizaciones de diversidad sexual desde las cuales tuve el honor de participar.
Dice el Plan Nacional: “Una de las características de la sociedad actual es la distintiva importancia que tienen los medios de comunicación masiva en la construcción de prácticas y representaciones. Esto es así, tanto que los especialistas la denominan “sociedad de la información”, aludiendo al poder que se les asigna al control de los medios de comunicación en las decisiones políticas, económicas y culturales.
Es por esto que, en 1980, la Conferencia General de la UNESCO aprobó el llamado “Informe McBride” (denominado así por el Presidente de la Comisión, el irlandés Sean MacBride), que proponía la construcción de un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación sobre la base de seis principios centrales:
• Poner fin a los desequilibrios y desigualdades que caracterizan la situación en materia de comunicación;
• Eliminar los efectos negativos de los monopolios públicos o privados y de la concentración excesiva;
• Suprimir los obstáculos internos y externos para una circulación libre y una difusión más amplia y mejor equilibrada;
• Salvaguardar la identidad cultural y el derecho de cada nación a la opinión pública mundial sobre sus intereses, sus aspiraciones y sus valores sociales y culturales;
• Reconocer el derecho de todos los pueblos a participar en los intercambios internacionales de información, sobre la base de la equidad, la justicia y su interés mutuo;
• Respetar el derecho del público, de grupos étnicos y sociales, y de los individuos, a acceder a las fuentes de información y a participar activamente en los procesos de comunicación.
Entre las recomendaciones de la Comisión cabe destacar que “para estos propósitos es esencial el desarrollo comprensivo de políticas nacionales de comunicación ligadas al conjunto de los objetivos del desarrollo social, cultural y económico. Tales políticas deben prever amplias consultas con todos los sectores involucrados y adecuados mecanismos para la participación conjunta de grupos sociales organizados en su definición e implementación”.
Sin embargo, el neoliberalismo que caracterizó los años ’90, reorientó los debates sobre la comunicación hacia la “libertad de prensa”, entendida fundamentalmente como libertad de empresa, impulsados por los grandes conglomerados multimedia que hoy concentran las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC), apoyados en la “convergencia digital” que difumina las barreras antes existentes en los diferentes medios (radio, televisión y prensa escrita) e incluso entre diferentes sectores (telecomunicaciones, informática y comunicación de masas).
La sociedad civil junto a algunos gobiernos nacionales que intentan recuperar su capacidad de decisión en estos temas, no ha abandonado la lucha por la democratización de la información y la comunicación frente a una transnacionalización comercial cada día mayor del espacio mediático, que reactualiza el dilema: la comunicación, ¿es un rubro más del mercado o un derecho humano?”
Y en ese dilema, nuestra posición es clara: la comunicación y la información son derechos humanos que hacen al ejercicio de la democracia. Entonces, el acceso a estos derechos es claramente de interés público y debe ser garantizado y tutelado por el Estado.
La diversidad y los medios de comunicación.
Si hay algo que tenemos claro los grupos vulnerados por la discriminación es que “cada medio adscribe a una orientación político-ideológica, que impregna no sólo las editoriales sino los contenidos, creando la ilusión de objetividad informativa que en realidad es equívoca, puesto que se trata de una selección consciente. Los referentes consultados, los temas y datos elegidos, avalan la postura editorial y, en ciertos temas ligados a los intereses corporativos del sector, la manipulación de la información es muy ostensible.”
Más allá de alguna noticia en la que logramos captar la atención de algunos medios –generalmente a partir de la creación de algún circo mediático que amerite su difusión- nuestras voces pocas veces están en los medios masivos de comunicación. Nuestros referentes no son convocados a opinar salvo desde el lugar de lo exótico y desde un interés que nos es casi siempre ajeno.
Los grupos vulnerados por la discriminación son exhibidos con psicólogos, psiquiatras, médicos, sacerdotes, sociólogos, filósofos y/o abogados para hablar por nosotros y de nosotros, reservándonos –a veces- el lugar del testimonio, del objeto de estudio o de lo extraño.
Ser escuchado es un derecho humano. Encontrarse en las voces de otros, es un derecho humano. Mostrar la diversidad en la sociedad nos enriquece y nos fortalece, hace a la construcción de la personalidad y la identidad de las personas. Pero a pocos medios les interesa mostrar la diversidad desde el lugar de lo legítimo y valioso y no desde lo curioso o el chiste.
En general, nuestras familias no se ven en las series ni películas de ficción, salvo para contar alguna historia sórdida o extravagante. Nosotras y nosotros nos enamoramos, tenemos familias, nuestros hijos e hijas van a la escuela, contamos con encuentros y desencuentros afectivos, problemas económicos y de diván. Pero nuestras voces –las de migrantes, afrodescendientes, personas con discapacidad, entre otras y otros- son en general invisibilizadas y silenciadas por medios que responden ni siquiera a las mayorías, sino a los intereses de una minoría que genera, a través de éstos, parámetros de normalidad y necesidad que le son política y financieramente convenientes. Es innegable la capacidad de manipulación en la información de la llamada “opinión pública” para beneficio de sus intereses económicos e ideológicos, con la consecuente concentración de poder que esto implica.
La aprobación del matrimonio igualitario, por ejemplo, fue posible gracias a el compromiso de muchas organizaciones sociales y partidos políticos de casi todos los sectores, fue posible por el compromiso de un gobierno nacional que se enfrentó a los sectores que pretendían excluirnos del derecho a la igualdad, fue posible gracias al compromiso de la sociedad en su conjunto, sus referentes culturales, académicos, gremiales, estudiantiles. Fue posible gracias al trabajo de cientos de activistas en todo el país. Pero también, en alguna medida, fue posible porque el Grupo Clarín no se opuso al reclamo como sí ocurrió con –por ejemplo- las retenciones móviles. Y aunque agradezco la suerte de que así haya sido con el derecho al matrimonio… Sinceramente, quiero vivir en una sociedad en donde la opinión de una empresa o de un sector económico no sea relevante a la hora de avanzar en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas o la redistribución de la riqueza.
Es claro -y además innegable- que, como dice el proyecto, “controlar el papel para diarios, insumo esencial de la prensa libre, es controlar la información”. Y el control de la información y la comunicación, en tanto derechos humanos, no pueden estar en manos de un sector económico.
Por eso, me parece importante convocarnos a dejar la hipocresía –o la especulación política- de lado cuando se presenta a la sociedad este tema como un problema entre Clarín y el Gobierno. Todos y todas sabemos que el Grupo Clarín –entre otros- no es un problema de Néstor Kirchner, ni del Gobierno, ni del oficialismo. El Grupo Clarín –utilizándolo como paradigma de los monopolios de comunicación y ahora también agregaría como partícipe del terrorismo de estado- es un problema para todos los argentinos y argentinas.
Ya es indignante ver como todos los debates parlamentarios están cruzados por la especulación política de quienes son capaces de votar en contra de sus propias banderas históricas sólo para no permitir que, por ejemplo, los recursos del estado sean administrados por quienes fueron votados democráticamente para hacerlo o para perjudicar a quienes producto de la democracia hoy ejercen el Poder Ejecutivo y la Administración Pública.
Hemos sido testigos presenciales de cómo esto sucedía con algunos sectores en el debate de matrimonio igualitario, pero también como ciudadanos y ciudadanas lo hemos visto en el debate por los fondos de las afjp, la estatización de aerolíneas argentinas, entre tantos otros.
Les pedimos, reclamamos, a nuestros representantes del poder legislativo, que no especulen a costa de la democracia, los derechos y la felicidad de los argentinos y argentinas.
La venta discriminada del papel prensa, o iría más allá, su acceso no tutelado desde el Estado, obstaculiza la verdadera libertad de expresión concentrando y homogenizando además un discurso que discrimina y estigmatiza a las diversidades. Como dijimos, la comunicación, la información son derechos humanos íntimamente relacionados al ejercicio de la democracia, no son una actividad comercial y económica del libre mercado. Y el Estado DEBE garantizar que así sea.
Dice el proyecto que hoy tenemos una “democracia tutelada desde los intereses de quienes controlan el papel”. Es cierto, pero, hasta qué punto se puede pensar en la existencia de tal entelequia? ¿La democracia es democracia si está siendo tutelada por quienes controlan el papel? La democracia hay que defenderla en todas sus aristas, y no sólo en la política. Si no, no es una verdadera democracia. Esto quiere decir, que todavía los argentinos y argentinas estamos librando las últimas batallas por una verdadera democracia. En ese sentido, para promover un modelo comunicacional y cultural que respete y celebre la democracia y la diversidad, es necesario garantizar el acceso democrático a los medios de producción de esa comunicación e información.
Esperamos que esta nueva ley, seguramente bastardeada por los intereses de los poderosos de siempre y quienes responden a ellos, permita que surjan nuevos medios gráficos y nuevas voces. El respeto a la diversidad no es compatible con monopolios que concentran la comunicación y hegemonizan los discursos.
Y la diversidad no es un dato nuevo en nuestra sociedad, es una característica de nuestro país que se nutrió de inmigrantes y refugiados, entenderlo así nos debe permitir construir los canales de comunicación y la democratización de su acceso para que se exprese el pluralismo social y cultural que históricamente nos caracterizo como país. Estamos convencidos y convencidas que Argentina será un país mucho mejor si defendemos y profundizamos la democracia y -en el mismo sentido- si permitimos la expresión de las diversidades. Celebramos el poder estar hoy acá defendiendo una parte de la construcción de esa posibilidad.
Nos tomamos el trabajo de leer cuidadosamente el proyecto de ley y gran parte del extenso informe de Papel Prensa. Y, tengo que decir, que me recorre un frío sudor por la espalda de sólo pensar que un solo representante del pueblo elegido democráticamente pueda –habiendo leído ese informe o sólo la prueba documental de sus anexos- defender el terrorismo de estado ejercido en una de sus variantes.
Y aunque este proyecto está íntimamente relacionado a este tema, no voy a hablar de la venta de Papel Prensa –que en nuestra opinión no sólo fue evidentemente fraudulenta sino criminal- ya que es un tema que esperamos muy pronto resuelva la justicia.
Me interesa en cambio, traer la voz propia y colectiva, de algunas organizaciones y federaciones que trabajan por la igualdad en nuestro país, producto de la vulneración de sus derechos como consecuencia –entre otras cosas- de la discriminación.
La Mesa Nacional por la Igualdad está integrada por referentes de federaciones y organizaciones de personas migrantes, refugiados, personas con discapacidad, personas viviendo con vih/sida, lesbianas, gays, bisexuales y trans, jóvenes, adultos mayores, mujeres, afrodescendientes y otros grupos vulnerados por la discriminación y trabajando por su igualdad.
En este sentido, me gustaría compartir algunos extractos del Plan Nacional contra la Discriminación impulsado por decreto del ex Presidente Néstor Kirchner en el año 2005, en cuya elaboración participaron cientos de organizaciones en todo el país, incluidas las organizaciones de diversidad sexual desde las cuales tuve el honor de participar.
Dice el Plan Nacional: “Una de las características de la sociedad actual es la distintiva importancia que tienen los medios de comunicación masiva en la construcción de prácticas y representaciones. Esto es así, tanto que los especialistas la denominan “sociedad de la información”, aludiendo al poder que se les asigna al control de los medios de comunicación en las decisiones políticas, económicas y culturales.
Es por esto que, en 1980, la Conferencia General de la UNESCO aprobó el llamado “Informe McBride” (denominado así por el Presidente de la Comisión, el irlandés Sean MacBride), que proponía la construcción de un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación sobre la base de seis principios centrales:
• Poner fin a los desequilibrios y desigualdades que caracterizan la situación en materia de comunicación;
• Eliminar los efectos negativos de los monopolios públicos o privados y de la concentración excesiva;
• Suprimir los obstáculos internos y externos para una circulación libre y una difusión más amplia y mejor equilibrada;
• Salvaguardar la identidad cultural y el derecho de cada nación a la opinión pública mundial sobre sus intereses, sus aspiraciones y sus valores sociales y culturales;
• Reconocer el derecho de todos los pueblos a participar en los intercambios internacionales de información, sobre la base de la equidad, la justicia y su interés mutuo;
• Respetar el derecho del público, de grupos étnicos y sociales, y de los individuos, a acceder a las fuentes de información y a participar activamente en los procesos de comunicación.
Entre las recomendaciones de la Comisión cabe destacar que “para estos propósitos es esencial el desarrollo comprensivo de políticas nacionales de comunicación ligadas al conjunto de los objetivos del desarrollo social, cultural y económico. Tales políticas deben prever amplias consultas con todos los sectores involucrados y adecuados mecanismos para la participación conjunta de grupos sociales organizados en su definición e implementación”.
Sin embargo, el neoliberalismo que caracterizó los años ’90, reorientó los debates sobre la comunicación hacia la “libertad de prensa”, entendida fundamentalmente como libertad de empresa, impulsados por los grandes conglomerados multimedia que hoy concentran las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC), apoyados en la “convergencia digital” que difumina las barreras antes existentes en los diferentes medios (radio, televisión y prensa escrita) e incluso entre diferentes sectores (telecomunicaciones, informática y comunicación de masas).
La sociedad civil junto a algunos gobiernos nacionales que intentan recuperar su capacidad de decisión en estos temas, no ha abandonado la lucha por la democratización de la información y la comunicación frente a una transnacionalización comercial cada día mayor del espacio mediático, que reactualiza el dilema: la comunicación, ¿es un rubro más del mercado o un derecho humano?”
Y en ese dilema, nuestra posición es clara: la comunicación y la información son derechos humanos que hacen al ejercicio de la democracia. Entonces, el acceso a estos derechos es claramente de interés público y debe ser garantizado y tutelado por el Estado.
La diversidad y los medios de comunicación.
Si hay algo que tenemos claro los grupos vulnerados por la discriminación es que “cada medio adscribe a una orientación político-ideológica, que impregna no sólo las editoriales sino los contenidos, creando la ilusión de objetividad informativa que en realidad es equívoca, puesto que se trata de una selección consciente. Los referentes consultados, los temas y datos elegidos, avalan la postura editorial y, en ciertos temas ligados a los intereses corporativos del sector, la manipulación de la información es muy ostensible.”
Más allá de alguna noticia en la que logramos captar la atención de algunos medios –generalmente a partir de la creación de algún circo mediático que amerite su difusión- nuestras voces pocas veces están en los medios masivos de comunicación. Nuestros referentes no son convocados a opinar salvo desde el lugar de lo exótico y desde un interés que nos es casi siempre ajeno.
Los grupos vulnerados por la discriminación son exhibidos con psicólogos, psiquiatras, médicos, sacerdotes, sociólogos, filósofos y/o abogados para hablar por nosotros y de nosotros, reservándonos –a veces- el lugar del testimonio, del objeto de estudio o de lo extraño.
Ser escuchado es un derecho humano. Encontrarse en las voces de otros, es un derecho humano. Mostrar la diversidad en la sociedad nos enriquece y nos fortalece, hace a la construcción de la personalidad y la identidad de las personas. Pero a pocos medios les interesa mostrar la diversidad desde el lugar de lo legítimo y valioso y no desde lo curioso o el chiste.
En general, nuestras familias no se ven en las series ni películas de ficción, salvo para contar alguna historia sórdida o extravagante. Nosotras y nosotros nos enamoramos, tenemos familias, nuestros hijos e hijas van a la escuela, contamos con encuentros y desencuentros afectivos, problemas económicos y de diván. Pero nuestras voces –las de migrantes, afrodescendientes, personas con discapacidad, entre otras y otros- son en general invisibilizadas y silenciadas por medios que responden ni siquiera a las mayorías, sino a los intereses de una minoría que genera, a través de éstos, parámetros de normalidad y necesidad que le son política y financieramente convenientes. Es innegable la capacidad de manipulación en la información de la llamada “opinión pública” para beneficio de sus intereses económicos e ideológicos, con la consecuente concentración de poder que esto implica.
La aprobación del matrimonio igualitario, por ejemplo, fue posible gracias a el compromiso de muchas organizaciones sociales y partidos políticos de casi todos los sectores, fue posible por el compromiso de un gobierno nacional que se enfrentó a los sectores que pretendían excluirnos del derecho a la igualdad, fue posible gracias al compromiso de la sociedad en su conjunto, sus referentes culturales, académicos, gremiales, estudiantiles. Fue posible gracias al trabajo de cientos de activistas en todo el país. Pero también, en alguna medida, fue posible porque el Grupo Clarín no se opuso al reclamo como sí ocurrió con –por ejemplo- las retenciones móviles. Y aunque agradezco la suerte de que así haya sido con el derecho al matrimonio… Sinceramente, quiero vivir en una sociedad en donde la opinión de una empresa o de un sector económico no sea relevante a la hora de avanzar en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas o la redistribución de la riqueza.
Es claro -y además innegable- que, como dice el proyecto, “controlar el papel para diarios, insumo esencial de la prensa libre, es controlar la información”. Y el control de la información y la comunicación, en tanto derechos humanos, no pueden estar en manos de un sector económico.
Por eso, me parece importante convocarnos a dejar la hipocresía –o la especulación política- de lado cuando se presenta a la sociedad este tema como un problema entre Clarín y el Gobierno. Todos y todas sabemos que el Grupo Clarín –entre otros- no es un problema de Néstor Kirchner, ni del Gobierno, ni del oficialismo. El Grupo Clarín –utilizándolo como paradigma de los monopolios de comunicación y ahora también agregaría como partícipe del terrorismo de estado- es un problema para todos los argentinos y argentinas.
Ya es indignante ver como todos los debates parlamentarios están cruzados por la especulación política de quienes son capaces de votar en contra de sus propias banderas históricas sólo para no permitir que, por ejemplo, los recursos del estado sean administrados por quienes fueron votados democráticamente para hacerlo o para perjudicar a quienes producto de la democracia hoy ejercen el Poder Ejecutivo y la Administración Pública.
Hemos sido testigos presenciales de cómo esto sucedía con algunos sectores en el debate de matrimonio igualitario, pero también como ciudadanos y ciudadanas lo hemos visto en el debate por los fondos de las afjp, la estatización de aerolíneas argentinas, entre tantos otros.
Les pedimos, reclamamos, a nuestros representantes del poder legislativo, que no especulen a costa de la democracia, los derechos y la felicidad de los argentinos y argentinas.
La venta discriminada del papel prensa, o iría más allá, su acceso no tutelado desde el Estado, obstaculiza la verdadera libertad de expresión concentrando y homogenizando además un discurso que discrimina y estigmatiza a las diversidades. Como dijimos, la comunicación, la información son derechos humanos íntimamente relacionados al ejercicio de la democracia, no son una actividad comercial y económica del libre mercado. Y el Estado DEBE garantizar que así sea.
Dice el proyecto que hoy tenemos una “democracia tutelada desde los intereses de quienes controlan el papel”. Es cierto, pero, hasta qué punto se puede pensar en la existencia de tal entelequia? ¿La democracia es democracia si está siendo tutelada por quienes controlan el papel? La democracia hay que defenderla en todas sus aristas, y no sólo en la política. Si no, no es una verdadera democracia. Esto quiere decir, que todavía los argentinos y argentinas estamos librando las últimas batallas por una verdadera democracia. En ese sentido, para promover un modelo comunicacional y cultural que respete y celebre la democracia y la diversidad, es necesario garantizar el acceso democrático a los medios de producción de esa comunicación e información.
Esperamos que esta nueva ley, seguramente bastardeada por los intereses de los poderosos de siempre y quienes responden a ellos, permita que surjan nuevos medios gráficos y nuevas voces. El respeto a la diversidad no es compatible con monopolios que concentran la comunicación y hegemonizan los discursos.
Y la diversidad no es un dato nuevo en nuestra sociedad, es una característica de nuestro país que se nutrió de inmigrantes y refugiados, entenderlo así nos debe permitir construir los canales de comunicación y la democratización de su acceso para que se exprese el pluralismo social y cultural que históricamente nos caracterizo como país. Estamos convencidos y convencidas que Argentina será un país mucho mejor si defendemos y profundizamos la democracia y -en el mismo sentido- si permitimos la expresión de las diversidades. Celebramos el poder estar hoy acá defendiendo una parte de la construcción de esa posibilidad.
