Nuestro país está transitando el camino hacia la Igualdad, hacia la igualdad jurídica y la igualdad social. Aspirar a esta igualdad es celebrar, con sinceridad, las diferencias. Trabajar por esta igualdad es deconstruir cualquier aspiración a una sociedad de iguales, porque diferencia y desigualdad no es lo mismo. Las diferencias entre los ciudadanos y ciudadanas nos enriquecen, nos fortalecen como sociedad y reconocerlas con alegría nos hace a todos y todas, más libres. La desigualdad, sin embargo, nos empobrece, nos hace miserables y por sobre todas las cosas, nos excluye a todas y todos.
Los temas de diversidad y no discriminación pueden ser abordados desde distintas perspectivas. Una es la liberal clásica que lo plantea como un tema de “derechos civiles” y la otra, que comparto, considera estos temas como un problema de igualdad y por lo tanto de justicia social colectiva y no como la mera consagración de derechos individuales.
La matriz de la discriminación y la exclusión es la misma para todas las personas: migrantes, indígenas, jóvenes, afrodescendientes, personas en situación de pobreza, adultos mayores, gays, lesbianas, bisexuales, trans, personas con discapacidad, mujeres, personas viviendo con vih, entre otros y otras... Todas las personas estamos en algunos de estos grupos, hemos estado, vamos a estar o podemos estar. Incluir a todos y todas, nos incluye a todos y todas.
Una sociedad que respeta la diversidad, es una sociedad que respeta a sus ciudadanos y ciudadanas. Por eso, entender el trabajo por la igualdad social respetando las diferencias es entender las dos caras de una misma moneda. Es entender el origen de todos los problemas de la sociedad.
La experiencia del matrimonio igualitario.
La idea del matrimonio igualitario en Argentina, nació y se afianzó en una sociedad que se está abriendo camino hacia la libertad, la igualdad y la justicia.
En aquel momento la prioridad de las organizaciones de diversidad sexual era luchar contra la represión policial y la situación de extrema marginación y opresión en la que vivían la mayoría de los argentinos y argentinas y que se agravaba profundamente en la comunidad LGBT, así como en otros grupos, producto de la discriminación.
La Argentina estalló en una crisis que debilitó a aquellas instituciones del Estado desde donde provenía esa opresión y fortaleció a la sociedad civil organizada. En ese contexto, se aprueba la unión civil en la Ciudad de Buenos Aires en diciembre del 2002. Sus efectos jurídicos y territoriales eran limitados, pero sus efectos culturales marcaron el comienzo de un Estado que, por primera vez, se vio obligado a considerar la diversidad familiar y en el mismo sentido el reconocimiento de la dignidad de las personas LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans).
Pero la Igualdad para nuestras familias todavía parecía una utopía. Era una parte de esas máximas políticas que llevamos como bandera pero que en algún lugar sentimos que nos quedan muy lejos.
Holanda, Bélgica, Sudáfrica… eran los países que habían aprobado el matrimonio igualitario en aquella época. La igualdad quedaba, literalmente, muy lejos.
Sin embargo –cuando la igualdad parecía imposible- suceden dos hechos históricos que inyectan de esperanza a las reivindicaciones LGBT.
Por un lago, se aprueba en España el matrimonio para parejas del mismo sexo. Aquello que parecía imposible, se hace realidad en un país culturalmente parecido a Argentina, en una sociedad cercana, con un enemigo común para este tipo de reivindicaciones: una jerarquía eclesiástica que insiste en tapar el sol con las manos. A partir de este hecho, en el año 2005, el Partido Socialista presenta el primer proyecto por el matrimonio igualitario en nuestro país, junto con la Federación Argentina LGBT.
Por otro lado, en ese mismo año, el Estado Argentino por primera vez convoca a las organizaciones de diversidad sexual a elaborar y describir las políticas públicas necesarias para la diversidad sexual, que quedan plasmadas en un primer momento en el Plan Nacional contra la Discriminación impulsado por un decreto del ex Presidente Néstor Kirchner.
Luego, también por primera vez en la historia, a partir de la gestión de María José Lubertino, se convoca a las organizaciones de diversidad sexual a –con y desde el Estado- desarrollar esas políticas públicas en conjunto, desde el Instituto Nacional contra la Discriminación, aceptando y tomando la agenda del movimiento LGBT, que muy pronto recibió el apoyo del Secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, y el compromiso activo de quien en ese entonces era Ministro del Interior, luego Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, y ahora Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.
La presencia activa del Estado al momento de generar las condiciones necesarias para lograr la Igualdad en nuestro país fue fundamental. De ahí en más, la Federación Argentina LGBT, junto con el INADI, emprendimos todos los caminos hacia el matrimonio igualitario.
Derechos e igualdad
El matrimonio igualitario era la consagración no sólo del acceso a los derechos que garantiza el matrimonio, sino el reconocimiento de la igualdad jurídica para nuestras familias y la dignidad para las personas LGBT.
Por supuesto que, en la vida cotidiana de muchas personas, los derechos que garantiza el matrimonio pueden ser fundamentales. Compartir una obra social, heredarle los bienes o dejarle una pensión a tu compañero o compañera con quien compartiste muchos años de tu vida, y/o a tus hijos e hijas, son derechos importantes que les deben ser reconocidos a todas las familias, y no sólo a algunas familias.
Pero el objetivo de la ley de matrimonio iba más allá de los derechos. La igualdad jurídica, herramienta indispensable para la igualdad social, instaló a esta ley como una propuesta de máxima innegociable. La igualdad reconocida por el Estado contribuye profundamente en la lucha contra la discriminación y la violencia hacia lesbianas, gays, bisexuales y trans que se manifiesta en el trabajo, en la familia, en los hospitales, en todos los ámbitos de la vida de las personas. Este reconocimiento que se acaba de aprobar en nuestro país ya le está cambiando la vida a gays, lesbianas, bisexuales, trans… decidan o no casarse.
El contexto social y político para el camino hacia la igualdad.
Todo esto pudo desarrollarse en un contexto social y político determinado, con un Gobierno Nacional dispuesto a trabajar en generar los consensos necesarios entre quienes podían tener dudas, quienes necesitaban información o incluso quienes pudieran tener algunas diferencias, pero también un Gobierno Nacional que sabe enfrentarse a quienes tienen intereses creados en contra de la igualdad y la justicia.
Un gobierno nacional que intenta -en cada juicio a los represores, torturadores y sus cómplices- terminar con la injusticia y la impunidad que perpetuaron todos los gobiernos anteriores desde la última dictadura. Un gobierno nacional que tomó las medidas económicas necesarias para fomentar el empleo y derogó las leyes de flexibilización laboral, un gobierno nacional que se rebeló a las recetas internacionales que querían –nuevamente- someternos a las conveniencias económicas de otros países, nacionalizó Aerolíneas Argentinas y estatizó los fondos de las AFJP.
Un gobierno nacional que se negó a al ajuste a los trabajadores, que pensó en planes de consumo, consagró la asignación universal por hijo, le aumentó a los jubilados, aprobó la movilidad jubilatoria, ingresó a 1.800.000 personas al sistema de aportes previsionales, aumentó el salario de los trabajadores, entre otras medidas que reconocieron derechos y fomentaron el consumo y la producción.
Un gobierno nacional que priorizó temas que eran un reclamo histórico de muchos sectores: la ley de violencia de género, la ley de obesidad, la ley contra la trata de personas y, por supuesto, la ley de matrimonio igualitario, entre otras.
Un gobierno nacional que aprobó una nueva ley de medios de comunicación terminando con los monopolios mediáticos que tanto daño le hacen no sólo a la comunicación sino a la política y la sociedad Argentina. Monopolios que han sido cómplices de la desigualdad y la discriminación y han contribuido históricamente a perpetuar en el poder a quienes defienden sus privilegios.
Un gobierno nacional, en definitiva, inscripto en un proyecto de país para todos y todas y no para unos pocos.
La agenda pendiente.
Todavía queda mucho por hacer. Todavía hay mucha injusticia y desigualdad en nuestro país. Todavía falta terminar con la pobreza, reconocer las tierras de los pueblos indígenas, hacer de nuestro país un territorio accesible para todas las personas con discapacidad y las personas adultas mayores, falta reconocer y fomentar el aporte de la diversidad cultural y étnica que hay en nuestro país, falta reconocer a todos los conscriptos veteranos de la guerra del Atlántico Sur, falta respetar la diversidad religiosa, falta una ley de identidad de género y atención sanitaria para las personas trans, falta derogar los códigos de faltas y contravencionales en todo el país, falta generar mejores mecanismos para el trabajo contra todo tipo de discriminación y violencia hacia cualquier sector de nuestra sociedad, falta educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir, falta aprobar una ley antidiscriminatoria que nos incluya a todos y todas y sea una herramienta eficaz contra la discriminación… faltan reconocer muchos derechos, desarrollar muchas políticas públicas.
En el contexto de un proyecto nacional de integración social, donde existe una diversidad de colectivos que ven vulnerados sus derechos por prácticas discriminatorias, debemos impulsar políticas sociales de promoción de la igualdad que van desde iniciativas de reparación simbólica hasta el desarrollo de institucionalidades y legislación.
Pero los hechos nos demuestran que éste es el camino. Éste es el proyecto que se compromete con la justicia, la igualdad y la felicidad de los argentinos y argentinas. Este es el modelo de país que debate democráticamente sin miedo a enfrentarse a quienes quieren conservar sus privilegios a costa de la felicidad de los argentinos y argentinas.
Es por todo esto que me sumo al trabajo por la continuidad de este modelo de país para que sigamos construyendo una Argentina para todos y todas.