Artículo 1°. Institúyase el 7
de Mayo como el “Día de los Soldados Conscriptos Detenidos-Desaparecidos"
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°. La
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, desarrollará distintas actividades en el marco de la conmemoración
de dicho día.
Artículo 3°. Incorpórase el día 7 de mayo, con la denominación citada en el
artículo 1°, al calendario escolar.
Artículo 4°. Comuníquese, etc.
FUNDAMENTOS
Sra.
Presidenta:
La última
dictadura cívico-militar que sufrió nuestro país (1976-1983), tuvo
consecuencias atroces: terrorismo de estado, 30.000
personas desaparecidas, secuestros, torturas, desapariciones, robo de niños/as,
etc. Las huellas que dejó este período en nuestra sociedad son imborrables,
como así también los daños a nuestro país e institucionalidad.
Al observar nuestra vida cotidiana, la sociedad y la ciudad que nos rodea,
podemos encontrar las consecuencias de las profundas heridas producidas por la
dictadura. Podría parecer entonces que toda la sociedad argentina de hoy en día es
consciente de lo que sucedió en aquellos nefastos años; sin embargo no toda la sociedad
conoce que esa dictadura cívico-militar desapareció a más de 200 jóvenes que
estaban haciendo el servicio militar obligatorio (SMO), o la
"colimba" como se lo conoce más popularmente. Puede que algunas
personas informadas conocieran este hecho, pero la realidad es que la mayor
parte de la sociedad argentina desconoce estas desapariciones.
“El Escuadrón Perdido”, como los bautizó
en su libro el capitán José Luis D’Andrea Mohr, es un grupo
de jóvenes conscriptos, sumidos en las tinieblas del terror, que desaparecieron
mientras realizaban el servicio militar obligatorio y que fueron encasillados
como "desertores" por las autoridades castrenses para intentar
ocultar los secuestros y crímenes dentro de su propia tropa.
Su historia fue descripta en el libro "El
Escuadrón Perdido"[1]
(1998), el cual retrata las historias de aquellos 129 soldados. Su autor, el
mencionado D'Andrea Mohr, hijo, nieto y bisnieto de militares y capitán del
Ejército Argentino hasta su destitución en 1987, fue a su vez periodista y
profundo conocedor de la mentalidad castrense, quien dedicó años en investigar
a través de archivos públicos y secretos, los testimonios y expedientes
judiciales de lo ocurrido con cada uno de los soldados secuestrados.
D'Andrea Mohr reconstruye cada uno de
los casos: dónde prestaban el servicio, cuándo y cómo fueron secuestrados,
dónde fueron vistos, quiénes estaban a cargo del comando en el momento de la
desaparición, etc. Y lo que es aún más escalofriante, relata cuál fue la
respuesta dada por el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Prefectura Naval
y la Justicia, a los/as familiares de cada conscripto. Por sus
conocimientos militares, realizó aportes esclarecedores sobre la modalidad de
la represión, la estructura y las responsabilidades en el aparato represivo.
Según D’Andrea Mohr, “los soldados de nuestro escuadrón perdido
tuvieron la desgracia de haber ingresado a cumplir con el servicio militar
obligatorio en el tiempo de la degradación militar. Esos muchachos, nacidos en
la década del cincuenta, durante un gobierno derrocado, terminaron sus vidas en
manos de los discípulos de aquellos derrocadores (…) Muchas personas me han
preguntado: ¿En qué andaba aquel soldado para que lo desaparecieran? La
pregunta molesta y hasta enfurece, pero es común. La respuesta ha sido: Eso hay
que preguntárselo a los desaparecedores, además de exigirles responder por qué
esos muchachos no fueron acusados ante Consejos de Guerra. ¿Habrá sido para
infundir terror entre los demás soldados? ¿Comentaron aterrados lo visto en
algún centro clandestino de detención? No conozco la respuesta, que es lo que
hay que buscar, pero estoy seguro de lo canallas que debieron ser el teniente,
el capitán, el mayor y el coronel que integraron la cadena de complicidades
junto al oficial de Inteligencia que marcó el blanco”[2].
Según un informe del Cels, las
desapariciones de los conscriptos "fueron,
en realidad, detenciones ordenadas por
sus superiores o ejecutadas por agentes de los servicios de inteligencia con
aprobación de aquellos. Producidos los hechos, las autoridades militares se
limitaron a sostener que se trataba de deserciones, proporcionando, en algunos
casos, explicaciones inverosímiles o aceptando en otros, tácitamente, su
participación. Este ocultamiento de la verdad y la negativa a aceptar una
responsabilidad evidente expone, a la luz pública, una de las facetas más
agudas de la acción represiva llevada a cabo por el Gobierno de las Fuerzas
Armadas." [3]
Para finales de la dictadura, D ´Andrea
Mohr había registrado 129 conscriptos detenidos desaparecidos. Tras el
llamado a prestar declaración a los soldados conscriptos de aquellos años, y
gracias a la generosa contribución de cientos de ellos, se sabe que el número
de componentes del “batallón perdido” supera los doscientos, y la lista sigue
creciendo.
También se sabe, con todo rigor, el
procedimiento seguido por los grupos de tareas: la labor de inteligencia para
detectar a aquellos considerados por el terrorismo de Estado, como “subversivos”
e “infiltrados” en las FF.AA.; detenciones sin orden judicial seguida de
tormentos, torturas, privación ilegal de la libertad seguida de ejecución
extrajudicial, que era ocultada por el procedimiento de arrojar el cuerpo o las
personas vivas al mar; y toda la operación se enmascaraba con un acta de
denuncia de la deserción del soldado conscripto, con lo cual no solo se
ocultaba la verdad sino que se falseaba para injuriar a la víctima.
Se necesitaron más de treinta años para
que se modificaran los expedientes militares. Cuando Nilda Garré asume en el
Ministerio de Defensa, escucha el reclamo de los "colimbas" y
familiares de los desaparecidos, y a través de la resolución N° 420, del 7 de mayo de 2009, instruyó a la Dirección
Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, dependiente
del Ministerio de Defensa de la Nación, para que realice un informe sobre todos
los soldados conscriptos que, habiendo sido declarados desertores durante la
conscripción obligatoria, se encuentran en calidad de detenidos-desaparecidos
según los registros del Archivo Nacional de la Memoria.
Del informe elevado a la Ministra,
surgió que existían varios casos de soldados conscriptos en dicha situación, o
sea, que habiendo sido declarados desertores por las Fuerzas, se encontraban en
condición de detenidos–desaparecidos según el Archivo Nacional de la Memoria. En
consecuencia, el Artículo 2 de la Resolución
Nº 420, ordenó a las Fuerzas Armadas la
inclusión en sus registros de la condición de "detenido-desaparecido" con el número de legajo de la
CONADEP correspondiente.
El reconocimiento por parte del
Ministerio de Defensa a los soldados conscriptos detenidos desaparecidos, es
más que un simple cambio en la calificación de una lista de nombres. Es abrir
las puertas de todos y cada uno de los rincones, para que la luz de la memoria,
verdad y justicia, entibien levemente los rincones fríos y con olor a muerte
que la dictadura nos dejó.
Si bien esto significó un gran logro
para los familiares de los conscriptos desaparecidos, aún quedan más casos más
por resolver. Se estima que son más de 200 los "colimbas" que fueron
detenidos y desaparecidos en la última dictadura militar. Es por ello que una
de las reivindicaciones de los familiares, es visibilizar estos casos que son
ignorados por la sociedad.
El presente proyecto
de ley busca instituir, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el "Día
del Soldado Conscripto Detenido-Desaparecido", en homenaje a esos más de 200 jóvenes que perdieron sus vidas a manos de los
militares genocidas. Ello permitirá, a su vez, visibilizar esta lucha que los
ex Conscriptos y las familias de los Conscriptos desaparecidos vienen llevando
adelante hace muchos años.
[4] Se agradece la colaboración de los/as familiares de
los Colimbas detenidos-desaparecidos, a Gustavo Capra y Ricardo Righi, ex
colimbas, realizadores del programa de radio "La Voz de los Colimbas"
y a la asesora Patricia Gomes en la elaboración del presente proyecto de Ley, y
los aportes realizados por los/as militantes de la Mesa Nacional por la
Igualdad.
