La
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declara su beneplácito por el
inicio del juicio por el asesinato del joven militante del Partido Obrero,
Mariano Ferreyra, que tuviera lugar el día el 20 de octubre de 2010 en el marco
de una protesta de trabajadores/as del ferrocarril Roca.
FUNDAMENTOS
Señora
Presidenta:
El día
lunes 6 de agosto del corriente año comenzó el juicio oral por el asesinato del
joven militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra que tuviera lugar el 20 de octubre
de 2010, cuando fue atacado mientras -junto con otros/as militantes del Partido
Obrero- participaban de una protesta de los trabajadores/as tercerizados/as del
ferrocarril Roca en el barrio de Barracas.
El joven
militante fue asesinado con un tiro en el estómago. Durante el mismo hecho
también fueron heridos de bala Elsa Rodríguez, Pablo Pintos y Nelson Aguirre.
El juicio
se realiza ante el Tribunal Oral 21 de la Capital, integrado por los jueces
Horacio Días, Diego Barroetaveña y Carlos Bossi, y en total tiene 17 imputados:
el histórico titular de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza y el Secretario
Administrativo del mencionado sindicato, Juan Carlos Fernández, a quienes se
los acusa de poseer una motivación política para "aleccionar" a
los/as trabajadores/as tercerizados/as en el marco de un "plan
criminal" por ellos diseñado, ya que el ingreso de los/as trabajadores/as
tercerizados/as a la planta permanente amanazaría la hegemonía de la Unión
Ferroviaria como sidicato. Las imputaciones que
poseen por homicidio calificado pueden derivar en condenas a prisión perpetua.
Por su
parte, las acusaciones a los ocho supuestos miembros de la patota ferroviaria
que atacó al militante del Partido Obrero son: a Cristian
“Harry” Favale, ajeno al sindicato, y el guarda Gabriel Sánchez, se los acusa
de haber disparado. Al portero del taller de Remedios de Escalada Juan Carlos
Pérez y al picaboletos Guillermo Uño, de recoger las armas para ocultarlas. Al
delegado Jorge González y a Salvador Pipitó se los acusa de amenazar al equipo
de C5N para evitar que filmara. Claudio Alcorcel, otro delegado, aparece como
reclutador, y Pablo Díaz, Secretario de Reclamos del gremio, como el
coordinador de la fuerza de choque, que además mantenía contacto con el Juan
Carlos Fernández, que estaba en la sede de la Unión Ferroviaria con Pedraza.
Asimismo,
los siete policías -que habrían liberado la zona para que actuara esa patota- se
encuentran acusados por el delito de abandono de
persona agravado seguido de muerte y agravado por daño a la salud, en el que
está incluido el incumplimiento de los deberes de funcionario público, que
tiene una pena de hasta 15 años de prisión. Se trata de Hugo Lompizano, ex
comisario y ex titular de la Superintendencia Metropolitana de la Policía
Federal; Jorge Raúl Ferreyra, ex comisario de la División Roca; Luis Alberto
Echevarría, segundo de Lompizano; Gastón Conti, principal de la Dirección
General de Operaciones; Rolando Garay, subcomisario de la comisaría 30; Luis
Mansilla, comisario inspector jefe del Departamento de Control de Líneas, y
David Villalba, agente de la División Exteriores de Video.
En la convicción de que
el inicio del juicio en cuestión no sólo traerá como consecuencia el
esclarecimiento del asesinato del Mariano Ferreyra, sino también contribuirá a
la condena de una forma de proceder de algunos dirigentes sindicales, cuyo
accionar pone en evidencia que sus intereses tienen más que ver con un
sindicalismo empresarial, cómplice de la precarización laboral y la
tercerización, más que con la defensa real de los derechos de los/as
trabajadores/as.
Por los motivos
expuestos, solicito la pronta aprobación del presente proyecto.
